La apuesta criminal del Gobierno

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Por Miguel H. López

La situación del nuevo coronavirus en Paraguay llegó en los últimos días a los más altos picos conocidos desde el inicio de la cuarentena a mediados de marzo, sin que el Gobierno se preocupe lo suficiente para mover el aparato y disponer soluciones efectivas, no parches.

Con zonas críticas como el Alto Paraná (centrando el epicentro en Ciudad del Este, boca de ingreso desde el Brasil, el segundo país con más muertos en el mundo por la enfermedad) y en Asunción-Central (la zona más poblada de la República), el panorama se presenta preocupante y empeora.

A la fecha con más de 6 mil casos positivos registrados y más de 60 muertes, el sistema sanitario público sigue en las mismas condiciones famélicas y sin capacidad de absorber el aún moderado contagio. Esta circunstancia tiene responsables: el presidente Mario Abdo Benítez y su ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Todos los que les vienen por detrás como directores, demás ministros y mandos medios, también tienen su carga de culpa, en proporciones distribuidas.

¿Por qué la situación sigue crítica, pese a que transcurrieron 5 meses desde que la población fue obligada a encerrarse para poner en condiciones el sistema sanitario público? Porque la pandemia es manejada políticamente y no como una emergencia sanitaria, aunque la nombren como tal y amaguen que lo es. Ninguna de las autoridades asume su responsabilidad en esta crisis. Si bien el surgimiento del nuevo coronavirus es una situación extrema que aparece externamente a los regímenes gubernamentales, lo que hace sin embargo es desnudar lo terrible que siempre vino ocurriendo, la inacción de los Gobiernos y la mala gestión en perjuicio hasta letal en contra de la población mayoritaria y más vulnerable.

El régimen de Abdo Benítez vio en la emergencia sanitaria la oportunidad de levantar su poco popular imagen y montó un discurso triunfalista a través de sus organismos de propaganda y del aparato mediático empresarial. En la primera fase resultó. El plan comunicacional político (y no de emergencia ni de crisis como se recomienda en estos casos) posicionó a su vez al ministro de Salud como un providencial hombre de Gobierno. Lo que también resultó al principio, pero el discurso y la construcción de imaginarios en escenarios tan críticos no nublan por mucho tiempo el cerebro colectivo. El encierro obligado, la economía en picada, la gente pasando hambre y organizándose en ollas populares para no perecer, pronto aclararon cierto panorama de oportunismo y criminal inoperancia oficial. A esto se sumó el escándalo de la corrupción en torno a la emergencia desde diversas instancias del Estado (Salud Pública, Dinac, Petropar, etc.), y la complicidad del mismo Mazzoleni por la tibieza extraña con que manejó la compra fraudulenta de insumos chinos a través de dos empresas locales, caso desbaratado a tiempo no por ellos sino por denuncias externas iniciales de un grupo de diputados.

En sus inicios la emergencia también fue usada para buscar un multimillonario préstamo (USD 1.600 millones) –que embarga el futuro de varias generaciones de compatriotas-, aprovechando la sicosis que el mismo Gobierno se encargó de alimentar y cierta desinformación en torno a las circunstancias de la enfermedad. Los mecanismos de extorsión sicológica suelen ser poderosos para eliminar las resistencias a las acciones teñidas de urgente desde el poder central. Finalmente lo que el Parlamento aprobó y la población asintió para que el Estado disponga lo necesario a fin de hacer frente con infraestructura e insumos la pandemia global, sigue siendo hasta hoy un gran fiasco. Casi la totalidad del dinero tomado fue usado en pagos anexos, como incluso los intereses de la espuria deuda externa, y no en equipar hospitales y preparar el sistema. Salud sigue teniendo poco más de 90 millones de dólares sin ocuparse seriamente del problema. A medida que pasa el tiempo, ese recurso también va a ser derivado a otras “urgencias” que irán fraguando o encontrando y se diluirá en la nada.

Hasta en lo sanitario se revela el embuste. Ejemplo claro fue el culebrón montado con los falsos negativos en los análisis hechos a los jugadores en la previa al reinicio del campeonato local, en complicidad del Gobierno con la Asociación Paraguaya de Fútbol, corporación siempre sospechada de venalidad y manejos turbios. En esa trapisonda perdimos a una de las mejores y más confiables expertas en estudios y análisis biológicos por no prestarse al poco transparente caso.

El manejo de la pandemia sigue siendo errático, sin planificación y altamente político, hasta partidario cuando se trata de tocar intereses del Partido Colorado. Como ya no reditúa tanta popularidad porque el mal desempeño lleva la situación a hacer agua por varios costados, siempre está la perversa fórmula de culpar a los otros del error y la inoperancia propia. La población es culpable de los contagios, la población es la que no se cuida, la población es la que se relaja permitiendo la deflagración de los sin nexo y la población es casi responsable de que haya pandemia. Haciendo una proyección a la inversa, el panorama está clarísimo. La población –salvo un sector inconsciente que decidió hacer tabla rasa de cualquier cuidado- sigue cumpliendo mayormente los protocolos y la cuarentena, harta en gran medida, con los recursos disminuidos a límites extremos a veces, pero aún respondiendo. Es el Gobierno, el presidente Abdo Benítez, su ministro Mazzoleni y la pléyade de ineficientes secretarios de Estado quienes no cumplieron ni cumplen nada. Mienten con descaro y hacen pose de serios y ofendidos cuando deben rendir cuentas o responder alguna pregunta ligeramente comprometedora. Se rifaron la plata, la quisieron robar a manos llenas, no cumplieron nada de lo que anunciaron y el nuevo coronavirus avanza libre y se fortalece. Los hospitales comienzan a colapsar y nuevamente la culpa –dicen- es de la población. No de quienes se olvidaron de –o no quisieron- poner la cantidad necesaria de camas, equipos e insumos y ni capacitaron a más trabajadores de blanco para esas sensibles urgencias.

El caso de Ciudad del Este es el retrato más visible de la mentira y la falta de interés y compromiso. Las fronteras –el Puente de la Amistad- nunca se cerraron herméticamente. El soborno, cuando no la sola vista gorda, sigue dejando ver personas que ingresan y salen sin mayores dificultades desde y hacia el Brasil, epicentro continental de la pandemia. Los camiones de mercaderías o provisiones siguen viniendo desde allá y sus conductores no cumplen cuarentena obligada por protocolo. Cuando Mazzoleni anuncia –sin plan de contingencia ni de auxilio preventivo económico- el retorno a fase cero porque los contagios se disparan, la reacción es inmediata, aunque también aprovechada por los pescadores de turbulencias, muchos de ellos empresarios de la zona, sin plan ni reclamos concretos. Luego de la negativa el Ejecutivo, para evitarse más impopularidad, improvisa una serie de conversaciones y de medidas parche, nada pensado ni surgido de evaluaciones reales y efectivas para la gente del Alto Paraná. Lo mismo viene haciendo con todo el país.

Ahora insisten en hacer un préstamo más elevado (USD 2.500 millones), con el que terminaremos muertos antes de pagar la totalidad de la deuda y sus intereses. Los hilos de la política mendaz parlamentaria se mueven buscando alianzas; y las cabezas partidarias alimentan componendas como la de Abdo y Horacio Cartes para lograr finalmente alzarse con el botín en nombre del coronavirus y con otras prendas y negocios. No les importa la gente, por eso prefieren hablar de cualquier otra cosa que centrarse en la emergencia sanitaria. Y aprovechar la crisis para arremeter contra derechos consagrados como los laborales en el sector público y fuera del él; y alimentar el plan de una disque reforma del Estado –para achicar un Estado que en realidad necesita crecer para atender efectivamente las necesidades del país, de la gente-, sin participación de la población ni de los trabajadores, sino de empresarios, burocracias sindicales ilegítimas mayoritariamente y el capital transnacional. Una maniobra que pretende echar en la gorra privatista a empresas estratégicas como la Administración de Electricidad (ANDE) y seguir despojando al país de lo poco que le queda.

Los contagios aumentan y también la actitud fagocitante del Gobierno. La población debe responder organizadamente ante estos ataques constantes y desproporcionadamente violentos en contra de los intereses colectivos. Los anuncios de movilizaciones no deben ser aislados, sino de acumulación de fuerza y de acciones populares. La historia es prolífica en ejemplos de cómo en la medida en que hay una respuesta articulada los poderes gubernamentales retroceden en sus afanes de destrucción y enajenación del país.

*Imagen de inicio: ilustración de Pawel Kuczynski.