- El abogado Hugo Ojeda, actuando en representación de la Asociación de Madereros Ovetenses, ha manifestado que el conflicto relacionado con un inmueble en Yasy Cañy subyace a una campaña de presión judicial y mediática dirigida contra un colono inversor que muestra interés en la adquisición de la propiedad.
- De acuerdo con Ojeda, la situación se origina en una estrategia deliberada destinada a desincentivar la transacción de compra y a apropiarse de las tierras a través de denuncias infundadas, acciones judiciales contradictorias y la presión ejercida por individuos con antecedentes en circunstancias análogas.
- Asimismo, denunció que uno de los implicados habría solicitado 300 mil dólares para abandonar el lugar, constituyendo lo que, a su juicio, podría considerarse un caso de chantaje con amparo judicial y mediático.
La propiedad de 623 hectáreas, perteneciente a la Asociación de Industriales Madereros de Coronel Oviedo, presidido por el empresario ovetense, Fermín Ayala, viene siendo objeto de un conflicto judicial desde hace varios años.
En julio de 2024, Fermín Ayala, presidente de la asociación, firmó un contrato-compromiso de venta y transferencia con el colono Henrich Friesen, oriundo de J. Eulogio Estigarribia (ex Campo 9), quien buscaba adquirir el inmueble de forma legal y documentada.
Friesen aceptó avanzar con la operación pese a la existencia de un proceso de usucapión iniciado en 2015, ya prácticamente caduco. Sin embargo, tras conocerse su interés en la compra, comenzaron a surgir denuncias penales contra él y su administrador, Carlos Alfonso.
“Desde el momento en que se enteraron que Friesen pretendía adquirir el inmueble, comenzaron las denuncias sistemáticas”, aseguró el abogado Hugo Ojeda en contacto con el programa Hablando Claro de OviedoPress Multimedios.
Entre ellas, una imputación por abigeato promovida por Fabio Rodríguez Andrade, brasiguayo, supuesto agroganadero, quien ingresó al terreno con ganado en noviembre de 2024, en complicidad con Jonás Alves, ocupante irregular de unas 50 hectáreas del predio.
Ojeda recordó que ya en 2022 existía una medida cautelar en el marco de un juicio de reivindicación iniciado por Ayala, que impedía expresamente la realización de cualquier contrato sobre el inmueble. No obstante, Jonás Alves, sin titularidad alguna, firmó un contrato de arrendamiento con Fabio Andrade sobre la totalidad de la propiedad.
“Ese contrato es inválido. Así lo reconoció incluso la Senacsa, que ordenó la suspensión de toda actividad ganadera por violar la medida cautelar de no innovar”, explicó Ojeda.
Alves se atribuye el derecho de posesión total del inmueble basándose en un interdicto de retención, aunque, según Ojeda, nunca tuvo posesión plena del predio. Su presencia en el lugar se remonta a un acto de generosidad del capitán Ayala, quien le permitió permanecer en la zona tras el fallecimiento de su padre, un antiguo viverista de la asociación.
El ingreso de ganado al predio se dio el 19 de noviembre de 2024, con la descarga clandestina de animales en la zona de uso productivo de la asociación. La denuncia correspondiente fue presentada al día siguiente y motivó incluso una orden de allanamiento por parte del fiscal Néstor Narváez.
Pese a contar con documentación legal, Friesen y Alfonso fueron imputados por abigeato. El fiscal que lleva actualmente la causa es Carlos Rodrigo Giandinoto, mientras que el juez interviniente es Marco Jiménez Rivas.
“Fabio Andrade denunció el robo de sus propios animales para involucrar a Friesen. Y como si fuera poco, exigió 300 mil dólares para retirarse del predio”, reveló el abogado.
Esta pretensión fue expresada dentro de una querella, dejando en evidencia un posible intento de chantaje, aunque por ahora; no se formuló una denuncia penal por extorsión.
Ojeda también relató que existen antecedentes similares de Andrade en otras zonas del país, como el Chaco, Itanará y Yrybukua, donde habría utilizado contratos de arrendamiento para ocupar propiedades ajenas, descargar ganado y luego litigar o exigir indemnizaciones millonarias.
En 2017, incluso fue mencionado en una causa por cultivo de marihuana en un lote arrendado. “Esto es una campaña de desgaste económico, judicial y mediático.
“A Friesen y Alfonso los presentaron como delincuentes en medios que jamás les dieron espacio para defenderse”, lamentó Ojeda.
El abogado confirmó que se mantienen firmes en su defensa legal, con nuevos representantes jurídicos, y confían en la objetividad del juez Jiménez Rivas. También valoró que medios del departamento hayan comenzado a interesarse en el caso desde una perspectiva más objetiva.
