En Junta Municipal se legisla a la medida?

LOCALES

Foto Odila Rodas

El viernes pasado se llevó a cabo una sesión en el que una vez más el respeto por la ley ha sido soslayado por un caso de hecho consumado, como ha sido el otorgamiento a una empresa farmacéutica el permiso para su emplazamiento sobre la calle Independencia Nacional.

De acuerdo a las informaciones, la Municipalidad de J. E. Estigarríbia había otorgado un permiso a la empresa para la apertura de un local sobre la citada calle, sin embargo, condición necesaria para la prosecución de los tramites técnicos administrativos en los organismos del estado correspondiente. Mientras tanto, tal vez interpretando que ya eran cuestiones de mero trámite la empresa aceleró la construcción y habilitación del local, topetándose con que el permiso fue revocado por el organismo administrativo correspondiente por lo que el funcionamiento de la farmacia a partir de ese momento era ilegal.

Esta situación movió los resortes del estamento legislativo local que dio curso a un simple pedido, que debe ser presentado en carácter de proyecto de ordenanza, enviándolo al asesor jurídico de la Junta Municipal Abog Luis Machuca. El profesional se pronunció en un dictamen sobre el caso exponiendo en el mismo los argumentos técnicos y jurídicos, recomendando que de aprobarse deberá serlo por la vía excepcional basándose en los presupuestos legales mencionados en el dictamen.

La ordenanza según el dictamen jurídico debe ser aprobado excepcionalmente ya que las calles José Asunción Flores e Independencia Nacional no cuenta con las dimensiones y características necesarias para ser elevada a la categoría de avenida de J. Estigarribia. Dicha excepcionalidad  deberá ser aprobada por mayoría absoluta de dos tercios para su validez legal.

La genialidad de la Junta Municipal encontró un “buraco” por el cual deslizarse para validar una situación que a todas luces ya estaba en un punto sin retorno. Remitieron a la comisión correspondiente para que la misma pudiera dictaminar sobre el punto y pudieran aprobar por mayoría simple.

He aquí el gran “pa’ã” el reglamento de la junta Municipal establece que los dictámenes podrán ser aprobados por mayoría simple, pero el impedimento no era reglamentario sino legal.

Pirámide de Kellsen

Para el común de los ciudadanos quizá no sea clara la diferencia entre ley y reglamentos, pero en el sistema jurídico existe lo que se llama orden de prelación de las normas jurídicas.

Según lo estipulado en el artículo 137 de la Constitución Nacional: “La Ley suprema de la República es la Constitución, luego están los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, seguido a ellas se encuentran las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.

Quien quiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la Ley.

Esta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone.

Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución.

En síntesis, al aprobarse esta ordenanza en las condiciones señaladas se está violando lo establecido en la ley 3966/2010 que reza en dos artículos sobre los procedimientos de formación de leyes lo siguiente:

Artículo 46.- Quórum y Mayorías.
Salvo los casos en que la Ley exija mayoría determinada, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes. En las votaciones, el presidente votará como un miembro más de la Junta Municipal. Si el resultado de la votación fuere un empate, se reabrirá la discusión y si en la segunda votación persistiere el empate, decidirá el presidente.
De conformidad al Artículo 185 de la Constitución Nacional, el quórum legal se formará con la mitad más uno del total de la Junta. Se entenderá por “simple mayoría” la mitad más uno de los miembros presentes; por “mayoría de dos tercios”, las dos terceras partes de los miembros presentes; por “mayoría absoluta” el quórum legal, y por “mayoría absoluta de dos tercios”, las dos terceras partes del total de miembros.

Artículo 47.- Modificación de Ordenanza.
Para modificar o derogar Ordenanzas, se observará el mismo procedimiento establecido para su formación.

Y aquí se configura la violación legal.

El articulo expuesto más abajo establece las medidas de las calles y avenidas y en el último párrafo establece el procedimiento para su aprobación en forma excepcional.

Artículo 229.- Dimensión de Calles y Avenidas. 
Las avenidas deberán tener un ancho mínimo de 32 m. (treinta y dos metros), y el de las calles no será menor de 16 m. (dieciséis metros), incluyendo las veredas.

Los loteamientos que linden con rutas nacionales o internacionales deberán prever una calle interna, paralela a dichas rutas.

Excepcionalmente, para implementar soluciones a los asentamientos de hecho de carácter social, anteriores a la vigencia de esta Ley, se podrán fijar medidas inferiores, siempre que permita el acceso de vehículos de emergencia, por Ordenanza aprobada por una mayoría absoluta de dos tercios de la Junta Municipal.

La Junta Municipal modificó una ordenanza de forma ilegal con una votación de 5 votos contra 4 que no es ni cerca de lo que establece la norma jurídica que rige el funcionamiento municipal.

Tapar una metida de pata?

Conforme a los comentarios, el ejecutivo municipal remitió un pedido de carácter urgente a la Junta Municipal, en un formato más parecido a una esquela escolar que una ordenanza, que era el procedimiento, solicitando la modificación de categoría de las arterias mencionadas.

La municipalidad, una vez más habría otorgado con generosidad y gran candidez un permiso a empresa la autorización para la apertura de un local sin el más elemental análisis jurídico y técnico de su acto.

Esta situación ya tuvo precedente en el pasado, a la telefónica Personal también se le concedió un permiso de funcionamiento sin observar la existencia de una ordenanza que rige la materia. Esta empresa al verse acorralado por los vecinos, amenazó con una demanda por daños, perjuicios y lucro cesante a la institución municipal, la que le llevo a revocar parcialmente el permiso, ordenando la suspensión de la obra cuando la misma ya estaba terminada y en funcionamiento.

Cuál es el escenario en el que está la Municipalidad.

Aquí caben varias preguntas a saber:

La Junta Municipal aceptará todo lo que venga de la Intendencia sin ningún rigor ni análisis. Todo es cuestión de tener mayorías nada más, igual sirva para violar la ley?

Que seguridad jurídica tienen las empresas que pretenden asentar sus inversiones en el distrito, ya que los otorgamientos no proporcionan seguridad alguna de que las mismas no sufran cuestionamientos técnicos y jurídicos futuros mediato o inmediatos?

Quienes le asesoran al Intendente Municipal Derlis Espínola para defender su gestión, que más allá de la responsabilidad política implica un terrible riesgo económico futuro para toda la ciudadanía. Por la vulnerabilidad a las potenciales demandas de las que pueda ser sujeta la institución municipal?

Cuantas ligerezas comprometedoras mas tendremos mas adelante?.

Por nuestra tranquilidad, esperamos, sean responsables señores concejales!!!

 

 

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