Amarilla debe pagar G. 700 millones a bancada liberal

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El senador liberal Carlos Amarilla debe pagar la suma de G. 25 millones a nueve ex diputados. El legislador los habría difamado en el 2012 cuando se trataba en el Congreso el proyecto Metrobús. La suma por indemnización subirá por los intereses acumulados.
La resolución fue firmada por el juez Hugo Becker Candia, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno en Asunción. El magistrado dispuso la indemnización por daños y perjuicios. 
Los denunciantes son (todos eran diputados en el 2012) Andrés Giménez, Pedro González Ramírez, Modesto Gabriel Salinas Alé, Édgar Isaac Ortiz Riveros, Jorge Ramón Ávalos Mariño, Hugo César Capurro Flores, César López Benítez, Julio Enrique Mineur y Víctor Óscar González Drakerdord.En aquella ocasión, Amarilla, quien era candidato a senador y gobernador del Departamento Central, había acusado a los mencionados ex diputados liberales, quienes habían votado en contra del proyecto Metrobús, de haber recibido dinero de parte de un grupo interesado en paralizar el avance de las obras.”Iniciamos entonces una demanda civil y no penal, por daños y perjuicios. Estos juicios por ser en lo civil generalmente duran mucho tiempo. La sentencia de hoy (viernes) se da cuatro años y medio después de iniciado el proceso”, explicó Diego Tuma, abogado de los denunciantes, a Última Hora.

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Explicó que el Juzgado hizo lugar a la petición de resarcimiento por daño moral después de que Amarilla no haya presentado prueba alguna que argumente sus expresiones. “Salió a decir de todo para atraer la atención de la prensa porque estaba en campaña política”, manifestó el abogado.

El Juzgado dictaminó que el legislador tiene que pagar a cada uno de los nueve denunciantes la suma G. 25 millones, a lo que se debe sumar el interés acumulado desde la presentación de la demanda, que es del 3% mensual.

“Actualmente, el interés ascendió a 180% sobre la multa fijada. Tiene que pagar aproximadamente G. 700 millones en total a la bancada; por eso, no creo que le convenga apelar la resolución, o extenderá el proceso y sumará intereses”, explicó el abogado.

Aclaró que, en el juicio, la defensa nunca desconoció el derecho a la libertad de expresión y opinión, más aun si es una crítica hacia actos de los parlamentarios. “Lo que sostenemos es que las expresiones se tienen que hacer con responsabilidad”, culminó.

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