Apostilla al informe presidencial

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Por Daniel Mendonca

En América Latina se ha producido en las últimas décadas un conjunto de grandes transformaciones. Por primera vez en la historia, una región en desarrollo y con sociedades profundamente pobres y desiguales está organizada, casi en su totalidad, bajo regímenes democráticos.

En América Latina se ha establecido una relación sin antecedentes: la relación entre democracia, pobreza y desigualdad. Así, la democracia enfrenta el desafío de su propia estabilidad, coexistiendo con los retos de la pobreza y la desigualdad. Los riesgos que se derivan de esta situación resultan particularmente complejos y la escasa comprensión de esta peculiar relación puede llevar a dos consecuencias graves: la primera es ignorar la necesidad de la viabilidad económica de la democracia, esto es, desconocer la necesidad de establecer bases sólidas para una economía que permita atacar la pobreza y la desigualdad; la segunda es ignorar la viabilidad política de los programas económicos, esto es, desconocer que esos programas se aplican en sociedades donde las demandas ciudadanas y el juicio sobre tales programas se expresan libremente. En consecuencia, el debate sobre la estabilidad democrática no debe obviar la pobreza y la desigualdad, ni las políticas de crecimiento deben soslayar que, incluso pobres y desiguales, los ciudadanos ejercen su libertad para aceptar o rechazar esas políticas.

Esta situación plantea el desafío de resolver ciertas tensiones entre economía y democracia. Todo indica que solo con más y mejor democracia las sociedades latinoamericanas podrán ser más igualitarias y más desarrolladas. La razón de ello es que solamente en democracia quienes carecen de niveles mínimos de bienestar y sufren las injusticias pueden reclamar, movilizarse y elegir en defensa de sus derechos. El gran desafío, pues, es combatir la pobreza y la desigualdad con los instrumentos de la democracia. En consecuencia, cabe asumir que las sociedades latinoamericanas resultan ser sociedades en vías de desarrollo, donde las demandas sociales se expresan libremente y la economía se organiza en torno al mercado. De este modo, demandas sociales expresadas en un contexto de libertad política (democracia) y libertad económica (mercado) forman otra relación singular. Esta combinación entre libertad política y libertad económica en contextos de pobreza y desigualdad puede no generar como resultado el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de la economía. De hecho, estudios importantes muestran que la ciudadanía latinoamericana celebró el advenimiento de la democracia y experimentó un renovado optimismo y confianza en el futuro político de la región pero que, sin embargo, poco tiempo después las demandas y los conflictos sociales se reactivaron y en muchos países la desilusión respecto del desempeño de los gobiernos democráticos se intensificó. Es altamente probable que la influencia de los asuntos sociales en el desempeño de los regímenes democráticos sea de particular importancia en América Latina, donde la pobreza y la desigualdad resultan alarmantes.

En verdad, América Latina es masivamente pobre y brutalmente desigual. La pobreza alcanza a casi la mitad de la población y la región es la más desigual del planeta. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la población ubicada por debajo de la línea de pobreza representa el 40% de la población total de la región (¡más de doscientos millones de personas!). La indigencia alcanza al 15% de la población (¡más de ochenta millones de personas!). Junto a la pobreza, la situación social de América Latina se singulariza por acentuadas inequidades, al punto que la región se ha convertido en el continente de mayor polarización social del mundo. Por fortuna, muchos países han empezado a ejecutar políticas públicas exitosas de reducción de la pobreza.

En ese contexto, el Presidente de la República acaba de plantear a la dirigencia política la necesidad de profundizar el diálogo para iniciar una lucha frontal contra la pobreza, más allá de las diferencias. El oportuno planteamiento presidencial me fuerza a recordar que, en 1832, el Gobierno británico encargó a una comisión especial la evaluación de los resultados producidos por la legislación entonces vigente sobre la pobreza. Los resultados fueron publicados en 1834 y generaron ese mismo año una importante reforma legislativa, sustituyendo la denominada “Ley de pobres”, en vigor desde 1601. Respecto de esa legislación, por cierto, John Stuart Mill sostuvo: “No se obtendrán más que consecuencias benéficas de una ley que hace imposible que nadie muera de hambre sino por su propia voluntad”. Y lo hizo cuando sentaba las bases del liberalismo en su monumental obra Principios de economía política, en 1848. Me temo que nosotros llevamos mucho tiempo de retraso.