Seam constata irracional tala de reserva Morombí

Por Pablo Medina, corresponsal

Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente (Seam) y agentes policiales constataron una irracional tala de bosque dentro de la reserva Morombí. Los dueños de la finca 156 de 4.720 hectáreas, cuyo título sería apócrifo, surgen como responsables.

YVY PYTA, Canindeyú.Durante un procedimiento realizado hoy, los fiscalizadores de la Seam, encabezado por Julio Mareco, hallaron dos planchadas donde estaban listos más de 500 rollos de diversas especies extraídos de la reserva privada, cuyo dominio se atribuye la familia Riquelme. Asimismo, hallaron dos tractores que estarían siendo utilizados para derribar los añosos árboles.

Los intervinientes no pudieron cuantificar la extensión del daño dentro de la propiedad individualizada como finca 259, de 1.155 hectáreas. Durante la intervención los asesores legales se respaldaron en títulos de la finca 156 de 4729 hectáreas, que estaría superpuesta a la finca 259, esta última dentro de la reserva privada Morombí, declarada como área protegida.

Incluso, los depredadores exhibieron licencia ambiental expedida por la Seam y una constancia de habilitación del Instituto Forestal Nacional (Infona), que en “teoría” avala la irracional tala de maderas, contrariando la vigencia de la Ley 2425/04 “De Deforestación Cero” vigente hasta el año 2018 en nuestro país.

Las constancias expedidas por los dos órganos de aplicación ambiental y forestal, a más de la presunta escritura traslativa de dominio y un recurso amparo dictado por un juez Carlos Giménez, de Caaguazú, están siendo atacadas de nulas por los asesores legales de la firma Campos Morombí, que se atribuyen el dominio real de la propiedad intervenida.

Si bien la empresa Campos Morombí, decreto 14.910 de fecha 8 de octubre de 2001 mediante, obtuvo que la propiedad de 25.000, individualizada como fincas 1.352 (20.000 hectáreas), 258 (1.176) y 259 (1.155), la declaración del inmueble como “área silvestre protegida” bajo el régimen y dominio privado.

ORDENAN SUSPENSIÓN DE DESTRUCCION

Los fiscalizadores de Seam dispusieron la paralización de las actividades forestales en el lugar, como medida de urgencia para evitar la alteración y destrucción de la masa boscosa en el lugar. Asimismo, pusieron en duda el cumplimiento de la licencia ambiental expedida por el ente de control ambiental. En ese sentido, Julio Mareco, uno de los fiscalizadores de Seam, dejó entrever la posibilidad de ser revocada la autorización del órgano de aplicación para el lugar, debido a la obligación de preservar el área de amortiguamiento de la reserva privada, declarada como área protegida a manos del sector privado.

CAUSA NO TIENE INTERVENCION FISCAL

El pasado 12 de agosto, el fiscal ambiental de Curuguaty, Benjamín Maricevich, había constatado la presencia de al menos 12 camiones rolleros, pero sin que haya ordenado el cese de la actividad en el lugar.

El funcionario del Ministerio Público decidió no intervenir alegando no “tener competencia” debido que la finca estaría dentro de la jurisdicción de Vaquería, departamento de Caaguazú. Sin embargo, hasta el momento el fiscal adjunto Jorge Sosa, ni atiende su celular para conocer la asignación del fiscal que deberá investigar el grave daño a la naturaleza.

MEDIDAS JUDICIALES CONFRONTADAS

Según los documentos, en fecha 5 de setiembre de 2013, el juez de Caaguazú, Carlos Giménez dictó el Auto Interlocutorio (AI) N° 405, a requerimiento del dirigente campesino Marcial Ramoa Riquelme, la prohibición de innovar dentro del inmueble individualizado como finca 156, padrón 768, localizado en el distrito de Vaquería (Caaguazú). El fallo judicial se dio en la causa: “Hermes Alejandro Feriz Gámez, en representación de Isidro Ramírez Solavarrieta”, según los datos obtenidos.

Ante esta situación, los representantes legales de la firma Campos Morombí iniciaron ante el juez de Curuguaty, Carlos Goiburú, un juicio de interdicto de retener la posesión contra Herme Alejandro Feris Gámez y otros.

En la causa, el magistrado Goiburú dictó el AI 81 por el que otorga medida cautelar de prohibición de innovar, a fin de obstruir el ingreso de personas extrañas a la propiedad en cuestión.

Con la medida judicial se estableció además, la prohibición de realizar acto de turbación dentro de la propiedad. Los asesores legales de la empresa, aseguraron que insistirán ante las autoridades judiciales y policiales retener la posesión de la finca para seguir preservando la reserva forestal que sirve de refugio de importantes faunas y floras de la región.