Intendente sigue sin ser imputado

ARROYOS Y ESTEROS, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). El fiscal de Delitos Económicos, Abog. Luis Piñánez, quien investigaba las supuestas irregularidades cometidas por el intendente de esta ciudad, Gustavo Alfonzo (ANR), se inhibió. Esto a raíz de que el jefe comunal contrató al sobrino directo de Piñánez como abogado defensor.

Niños de la Escuela de la Compañía Acevedo siguen dando clases bajo árboles.

Niños de la Escuela de la Compañía Acevedo siguen dando clases bajo árboles. / ABC Color

Se trata del Abog. Enrique Paredes Piñánez, hijo de la hermana del fiscal. Según informes de funcionarios de la Unidad de Delitos Económicos, no es la primera vez que el profesional es contratado para lograr la inhibición de su pariente cercano.

Lo llamativo del caso, según manifestó el Dr. Eugenio Giménez, abogado del grupo de concejales, quienes denunciaron a Alfonzo, es que la inhibición se dio unos días antes de la inminente imputación de Alfonzo y de su pareja Lilian Díaz, actual secretaria general de la Comuna.

Giménez señaló que esto es lo que se llama una argucia procesal para ganar tiempo y que los procesados puedan “arreglar algunas desprolijidades”, tanto documentales como de falta de obras.

Calificó la actuación de Paredes Piñánez como antiético, pues esto se realizó al solo efecto de dilatar el proceso judicial.

Según Giménez, existen todos los elementos para imputar a Alfonzo, como a Lilian Díaz, por los delitos de producción de documentos no auténticos, enriquecimiento ilícito y lesión de confianza. Sin embargo la fiscalía sigue sin realizar la imputación.

El expediente que ya tiene más de 2.000 páginas está a cargo ahora del fiscal José Dos Santos.

Intentamos comunicarnos con el intendente Gustavo Alfonzo para escuchar su versión, pero no respondió nuestras reiteradas llamadas a su celular, con terminación 422.

Marcha ciudadana

Tanto la comunidad educativa como organizaciones sociales de la localidad de Arroyos y Esteros se encuentran organizando una serie de movilizaciones para exigir justicia en este caso. Se prevé la organización de una marcha fijada para el 20 de agosto.

Al respecto, las docentes Cristina Maíz y Elisa Capdevila manifestaron que entre las medidas de protesta a ejecutar está una marcha ciudadana de todas las fuerzas vivas de la localidad, con cierre de rutas. La ciudadanía exigirá a la Justicia que el intendente Alfonso sea apartado del cargo y que la fiscalía actúe con más rapidez para imputar a los responsables de las supuestas irregularidades detectadas.