La libertad de prensa es la protectora de todas las demás libertades

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Desde el momento en que acepta convertirse en hombre público, como es el caso del senador Juan Carlos Galaverna, voluntariamente se somete al escrutinio social. Así, pues, el mismo no debe pretender esconderse detrás del derecho a la intimidad para impedir que se conozcan sus comportamientos desdorosos. Menos aún en el caso del que hoy se ocupan los titulares, agravado por la circunstancia de que podría constituir un hecho punible. En la acción de amparo constitucional promovida por el senador Galaverna también se pone en entredicho la libertad de prensa, la que, precisamente, protege a las demás libertades. Es de esperar que el fallo que dicte la jueza Patricia González no vulnere las disposiciones de nuestra Constitución ni prescripciones internacionales en la materia y que, a la hora de sopesar el derecho a la intimidad invocado por un hombre público, por un lado, y las libertades de expresión, de prensa y de información, por el otro, decida que estas siempre deben prevalecer en una sociedad libre y democrática.

Desde el momento en que acepta convertirse en hombre público, como es el caso del senador Juan Carlos Galaverna, voluntariamente se somete al escrutinio social. La comunidad observa y vigila a sus representantes, por el solo hecho de serlo. Así, pues, Galaverna no debe pretender esconderse detrás del derecho a la intimidad para impedir que se conozca sus comportamientos desdorosos. Menos aún en el caso del que hoy se ocupan los titulares, agravado por la circunstancia de que el mismo podría constituir un hecho punible, al haber afectado a una menor de dieciséis años. Agregado a todo ello que, en el episodio divulgado, posiblemente estuvieron involucradas dos funcionarias de la entidad pública que integra el legislador. Existen, pues, suficientes motivos para que la prensa informe a la sociedad de los detalles de un escándalo como el mencionado.

Si, de acuerdo a la Ley de la Función Pública, el funcionario debe “observar una conducta acorde con la dignidad del cargo”, resulta palmario que la misma conducta debe mostrar siempre quien forma parte nada menos que del Congreso de la Nación. El derecho a la intimidad invocado para plantear una acción de amparo constitucional contra la divulgación periodística de ciertas escenas difundidas a través de las redes sociales, no debe ser empleado como un biombo para ocultar la inconducta que exhibe un funcionario denominado “representante de la ciudadanía”.

En la acción judicial promovida por el senador Galaverna también se pone en entredicho la libertad de prensa. En efecto, lo que busca es conseguir que la jueza ejerza un acto de censura previa sobre los medios de comunicación contra los que se recurre. En otros términos, Galaverna pretende coartar la libertad de información antes de que sea ejercida, obviamente, para impedir que sean divulgados los actos que le producen vergüenza.

Sin embargo, el Art. 26 de la Constitución prohíbe todo tipo de censura de prensa, incluida la que pueda ejercerse judicialmente. También viene al caso el Art. 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que prescribe que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso anterior no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores…” Estas disposiciones legales, de la más alta jerarquía jurídica, vuelven nula la censura previa, aunque sea dispuesta por orden judicial, es decir, es inadmisible.

Amordazar preventivamente a los medios masivos de comunicación social es simplemente ilícito. En el ordenamiento jurídico de ningún país cívicamente ordenado y políticamente democrático se permitiría tal burla a los principios de la libertad de prensa. También la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA establece que: “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”.

Resulta claro, por tanto, que la reputación de un funcionario o de una persona pública está suficientemente protegida por las sanciones civiles y penales, aunque, lógicamente, estas serían viables solo de manera posterior a la información difundida.

Resta agregar que el punto 11 de la misma Declaración señala que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”. Es obvio que, si se exige honorabilidad como condición para ocupar cargos públicos, lo que hagan u omitan cumplir los legisladores es de interés público.

La libertad de expresión y de prensa ha sido una de las más valiosas conquistas logradas tras la caída de la dictadura, aunque ha molestado mucho a quienes tenían fatos que esconder en el ejercicio de un cargo público. Nuestro diario ha tenido numerosas experiencias en cuanto a los intentos de castigar la difusión de corruptelas mediante la intervención judicial, obteniendo sentencias favorables fundadas en los Arts. 26 al 29 de la Constitución. En verdad, de entre todas las libertades constitucionales, la de prensa es la que más fortaleció nuestra sociedad y nuestro régimen democrático en las últimas décadas. Es la que, precisamente, protege a las demás libertades.

Es de esperar que el fallo que dicte la jueza Patricia González en el amparo constitucional promovido no vulnere las disposiciones de nuestra Constitución ni las prescripciones internacionales citadas y que, a la hora de sopesar el derecho a la intimidad invocado por un hombre público, por un lado, y las libertades de expresión, de prensa y de información, por el otro, decida que estas siempre deben prevalecer en una sociedad libre y bajo un régimen democrático.