Senadores investigarán a la comuna esteña

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 La Cámara de Senadores aprobó ayer la conformación de una comisión unicameral para iniciar una investigación a la Municipalidad de Ciudad  del Este, administrada por Sandra McLeod de Zacarías. La propuesta surgió luego de una audiencia pública organizada en el Este del país, donde organizaciones sociales que integran el denominado Frente Ciudadano, presentó una serie de denuncias de supuesta corrupción.

El pedido fue formulado ayer durante la sesión ordinaria del Senado por los parlamentarios Julio Quiñónez, Eduardo Petta y José Manuel Bóbeda, quienes participaron de la audiencia en junio pasado.
“Esta institución no va a sustituir facultades de ninguna institución, solo va a facilitar el ejercicios de las atribuciones del Congreso, que habla precisamente de velar por el cumplimiento de lo que establece la Constitución y las leyes”, dijo el senador Miguel Abdón Saguier (PLRA).
Los senadores agregaron que existen denuncias de arbitrariedades y desprolijidades en la gestión de la intendente McLeod. “Estas denuncias pueden constituirse en graves irregularidades en perjuicio de la comuna, por lo que se plantea la investigación de los hechos denunciados”, agregó.
Por su parte, el senador Nelson Aguinagalde (ANR) describió a sus pares las supuestas irregularidades cometidas en la actual administración municipal.
En tanto, los senadores Silvio Ovelar y Juan Darío Monges  defendieron la gestión de Sandra McLeod, afirmando que se trata de una persecución política y plantearon el rechazo de la propuesta de sus colegas. Finalmente la conformación de la comisión fue aprobada.
BLINDAJE JUDICIAL
Los legisladores también mencionaron durante la sesión la imposibilidad de que la Contraloría General de la República audite la comuna esteña, debido a un blindaje judicial.
El miércoles último, el Frente Ciudadano solicitó al contralor Óscar Velázquez Gadea la fiscalización de la comuna, exponiendo las sospechas de corrupción, a lo que el alto funcionario respondió que el municipio cuenta con una inconstitucionalidad contra la ley que crea la CGR, impidiendo el acceso a las cuentas del municipio.