La Contraloría devuelve favores

sindico-del-partido-unace-juro-como-el-nuevo-contralor-de-la-republica-181635_595_399_1

Más que nunca, todo parece indicar que el contralor general de la República, Rubén Velázquez (Unace), está devolviendo favores a los políticos que le instalaron en el cargo en 2010. Para empezar, al senador Jorge Oviedo Matto, de quien es socio comercial en la Agroganadera e Inmobiliaria Sofía Juliana, tras haber sido administrador judicial de la firma San Agustín SA y administrador del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados cuando su consocio fungió allí de vicepresidente. Dados estos antecedentes, es comprensible que la Contraloría no haya objetado la polémica operación realizada en vísperas de los últimos comicios generales, por la que el Indert compró de la firma San Agustín 5.742 hectáreas no aptas para el cultivo, y cuando sobre la vendedora pesaba una orden de no contratar e innovar. La misma ponderación se puede formular con relación a una auditoría realizada por la Contraloría General sobre la gestión del exministro liberal Enzo Cardozo. Estamos, así, ante el más puro tráfico de influencias. Debe recordarse que el contralor Velázquez fue nombrado con los votos de los diputados del PLRA y del Unace.

Más que nunca, todo parece indicar que el contralor general de la República, Rubén Velázquez (Unace), está devolviendo favores a los políticos que le instalaron en el cargo en 2010. Para empezar, al senador Jorge Oviedo Matto, de quien es socio comercial en la Agroganadera e Inmobiliaria Sofía Juliana, tras haber sido administrador judicial de la firma San Agustín SA y administrador del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuando su consocio fungió allí de vicepresidente.

Dados estos antecedentes, es comprensible que la Contraloría General de la República (CGR) no haya objetado la operación efectuada en vísperas de los últimos comicios generales, en virtud de la cual el Indert compró de la firma San Agustín SA 5.742 hectáreas de tierras no aptas para el cultivo.

Aparte de que el negociado se gestó cuando sobre la vendedora pesaba una prohibición de contratar e innovar, en el mismo informe se dice que la actividad principal de la zona donde está ubicado el inmueble es la producción de ladrillos, dada la abundancia de arcilla, y no precisamente la agricultura.

No obstante, es claro que los imputados invocarán el resultado de este examen encargado por quien estuvo y está estrechamente ligado al senador que impulsó lo que en verdad fue una compraventa de apoyo electoral. Sería una prueba de descargo proveniente nada menos que del órgano encargado de velar por el buen uso del dinero público. Cabe esperar, entonces, que, conociendo los cercanos vínculos entre el contralor Velázquez y la familia del senador Oviedo Matto, los magistrados que deben juzgar en la causa tengan en cuenta ese detalle a la hora de emitir su fallo.

La misma ponderación habría de tenerse en el caso de la auditoría realizada por la CGR al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el proceso judicial que involucra al exministro Enzo Cardozo y otras personas. Se trata del presunto delito de lesión de confianza que habría causado un daño patrimonial de 69.000 millones de guaraníes mediante la transferencia de recursos a una Federación de Productores Frutihortícolas.

En el informe final se lee que los estados contables presentan en forma razonable la situación financiera y que no se pudo identificar convenientemente el valor de los bienes o servicios entregados a sus miembros por la mencionada entidad de frutihorticultores, lo que a su vez dificultaría mucho comprobar los montos de las transferencias hechas por el ministerio a esa federación.

Cuesta entender cómo es posible declarar que el ejercicio auditado está razonablemente en orden si no se pudieron comprobar los montos de las transferencias del dinero público.

Más allá de esta incoherencia, importa destacar que, según la fiscala de Delitos Económicos Claudia Criscioni, que comparó los resultados de su investigación con los de esta auditoría, los funcionarios de la CGR Éver Espínola, Marcial Corbalán y Lucía Troche cometieron el delito de frustración de la persecución penal: visitaron solo uno de los 193 comités que debían haber sido beneficiados y lo hicieron en compañía del coimputado Lidio Irala, quien no permitió que se consignara en el acta labrada cuánto dinero recibió el comité.

En este punto, debe recordarse que el contralor general Velázquez fue nombrado con los votos de los diputados del PLRA y del Partido Unace. De nuevo, de lo que aquí se trata es de retribuir el apoyo recibido en su momento, esta vez en beneficio de un importante dirigente liberal, que también integra el Consejo de la Magistratura.

El principio “hoy por ti, mañana por mí” es de rigurosa aplicación entre los políticos y los funcionarios públicos. El perverso pacto rige en todos los niveles del aparato estatal porque los nombramientos no se fundan en el interés general, sino en el particular de quienes los efectúan. Los legisladores esperan que los beneficiados por su intervención les den luego una total lealtad política y, cuando sea necesario, hasta una contraprestación directa en favor de ellos mismos y de sus amigos, parientes y correligionarios.

Eso mismo es lo que ha ocurrido en los casos referidos. Quienes son designados están bien dispuestos a esa contraprestación porque saben que no le deben el cargo a sus méritos y aptitudes, sino al clientelismo, el nepotismo o la partidocracia.

Estamos, así, ante el más crudo tráfico de influencias. Lo sabrán muy bien los ministros de la Corte Suprema de Justicia e incluso los agentes fiscales, dado que los políticos también han metido sus manos en la integración del Ministerio Público. Por eso mismo, y considerando las amenazas abiertas y veladas que se han venido lanzando desde el Congreso, es alentador que la Fiscalía de Delitos Económicos haya expresado su rechazo a las conclusiones de las auditorías practicadas por la CGR en los dos negociados referidos.

Al pretender cohonestar delitos contra el patrimonio público, el contralor general de la República pone un órgano del Estado al servicio de quienes directa o indirectamente le confiaron su dirección.

A este paso, no hay nada que esperar de una “reforma judicial” en la que están empeñados los actuales dueños del poder, pues a lo sumo a lo que se llegará es a cambiar de piezas en el tablero para que sirvan a los reyes de turno.