Auditores de CGR habrían incurrido en tres delitos

Por Griselda Centurión, ABC Color

En un informe remitido a Federico Espinoza, adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, la fiscala Claudia Criscioni indica que auditores de la Contraloría General de la República habrían incurrido en tres delitos: frustración de la persecución penal, estafa y lesión de confianza, al emitir un amañado informe dentro de la auditoría financiera y presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), referente al uso “razonable” de los fondos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), mientras que el Ministerio Público imputó a 41 personas, entre ellas el senador liberal Enzo Cardozo, por un faltante de G. 68.000 millones.

La investigadora indicó que el 24 de junio de 2014 la Contraloría le remitió el informe final sobre la auditoría financiera y presupuestaria del ejercicio 2012 realizada al MAG.

“La parte conclusiva del dictamen presentado por la Contraloría, refiere que la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp) realizó entregas de bienes, maquinarias y equipos a los comités, sin que en las mismas se pueda identificar convenientemente el valor de los bienes y/o servicios entregados por estos, lo que dificulta sobremanera comprobar si el monto de las transferencias realizadas por el MAG y recibidas por la Fenaprofhp, corresponden efectivamente a los declarados por ellos, sin embargo, concluyen que: “En opinión de la Contraloría General de la República, excepto por las salvedades enumeradas expuestas más arriba, los estados financieros referidos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera del MAG del ejercicio fiscal 2012, de acuerdo con la ley N° 1535/99 y su decreto reglamentario, le ley N° 4581/11 y demás normas aplicables”, especifica.

Según Criscioni, para llegar a esta conclusión los auditores se basaron en una verificación in situ, realizada a tres integrantes de un solo comité, de los 193 comités que deberían ser beneficiados por la Fenaprofhp.

Los entrevistados fueron Prisciliano Jara, presidente; César Aranda, tesorero; y Juan Carlos Bogado, secretario, son miembros del Comité Nueva Esperanza de la compañía Quinta Línea del distrito de Repatriación de la ciudad de Caaguazú, quienes el 27 de junio de 2014 fueron visitados por Ever Espínola, auditor; licenciado Marcial Corbalán, auditor; y licenciada Lucía Troche, jefa del equipo, todos funcionarios de la Contraloría, quienes consignaron en un acta que: “Los 26 socios integrantes del comité recibieron los insumos, equipos, fertilizantes, fungicidas, etc. para la producción de tomate, repollo, zapallito, locote, que habían solicitado por nota del 8 de noviembre de 2012. La producción fue asistida por un técnico del MAG de nombre, Aldo López”.

No corresponde con la realidad

Claudia Criscioni, sin embargo, aduce que dentro de su pesquisa cuenta con elementos de cargo por lo que el informe “no corresponde con la realidad”. Además, objeta que el trabajo técnico fue realizado con uno de los imputados, Lidio Irala, exvicepresidente de la Fenaprofhp, quien acompañó a los funcionarios de la Contraloría y firmó el acta por labrada.

“Precisamente por ello, funcionarios de esta Unidad fueron hasta la ciudad de Caaguazú, distrito de Repatriación, en donde conversaron con nueve de los veintiséis miembros del Comité. Entre ellos el señor Juan Carlos Bogado, secretario del comité, quien mencionó que efectivamente funcionarios de la Contraloría acompañados del señor Lidio Irala los visitaron en el mes de junio de 2013, y que en esa ocasión le consultaron acerca de los insumos que recibieron por parte de la Fenaprofhp. A quienes explicaron que el señor Silvio Riveros fue quien les ofreció conformar un comité para de esa manera ser beneficiarios de insumos provenientes del MAG. Y de todas las peripecias realizadas para poder acceder a esos beneficios. Mencionó también que al ser consultados sobre el monto recibido por los representantes de la Fenaprofhp, el señor Lidio Irala los interrumpió haciendo mención a que él no recordaba en ese momento cuál era el monto pero que tenía anotado, y que posteriormente les iba a proporcionar esos datos. Mencionó además que no leyeron el acta para firmar en razón de que el funcionario de la Contraloría que labró el acta les dijo que solo se trataba de un acta para justificar la asistencia de los miembros presentes en ese momento”.

Agrega que igualmente, el señor Prisciliano Jara, presidente del Comité, refirió que el comité a su cargo había presentado a la ingeniera Nilda González, del Centro de Desarrollo Agropecuario de Caaguazú, una nota en donde le explicaban que si bien accedieron a la provisión de insumos por parte de la Fenaprofhp, estos fueron por un monto de G. 260.000.000 y no de G. 614.000.000 conforme le habían manifestado los funcionarios encargados de la auditoria del MAG.

“En la nota también hicieron referencia que si bien el proyecto presentado a la Fenaprofhp era el de provisión de insumos, se concretó con el señor Silvio Riveros la construcción de invernaderos, pero que al final no le fueron construidos, sí se les proporcionaron los materiales necesarios y dijo que la construcción quedo a cargo de los socios”.

La representante fiscal refiere que de esta forma los funcionarios de Contraloría, Éver Espínola, Marcial Corbalán y Lucía Troche, consignaron en su acta hechos falsos y por su parte Troche, jefa del equipo, la licenciada Marta Vicézar, supervisora y directora de área de la CGR; y Cirilo Durañona Macchi, coordinador director general de la CGR, colaboraron con el referido dictamen al sostener la “razonabilidad” de los gastos, justificándolo con esta acta en la cual participaron y donde consta la firma de un imputado en la causa (Irala).

Lo que dice el Código Penal sobre frustración

Artículo 292.- Frustración de la persecución y ejecución penal

1º EL QUE INTENCIONALMENTE O A SABIENDAS IMPIDIERA QUE OTRO FUERA CONDENADO A UNA PENA O SOMETIDO A UNA MEDIDA POR UN HECHO ANTIJURÍDICO, SERÁ CASTIGADO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE HASTA TRES AÑOS O CON MULTA.

2º LA MISMA PENA SE APLICARÁ AL QUE INTENCIONALMENTE O A SABIENDAS, IMPIDIERA TOTAL O PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE LA CONDENA DE OTRO A UNA PENA O MEDIDA.

3º LA PENA NO EXCEDERÁ DE LA PREVISTA PARA EL HECHO REALIZADO POR EL OTRO.

4º EN ESTOS CASOS, SERÁ CASTIGADA TAMBIÉN LA TENTATIVA.

5º NO SERÁ CASTIGADO POR FRUSTRACIÓN EL QUE MEDIANTE EL HECHO TRATARA DE IMPEDIR SER CONDENADO A UNA PENA O SOMETIDO A UNA MEDIDA, O QUE LA CONDENA SE EJECUTARA.

6º QUEDARÁ EXIMIDO DE PENA EL QUE REALIZARA EL HECHO EN FAVOR DE UN PARIENTE.

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